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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un financiamiento de  500 millones de dólares a favor de Ecuador, el cual según indicaron será empleado para apoyar al país en la implementación de su programa de reformas, encaminado a restablecer la estabilidad macroeconómica, restaurar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el marco institucional para el Banco Central y salvaguardar el gasto social en apoyo a la población vulnerable en el país, según informaron en un comunicado.

“Este Préstamo de Financiamiento Especial para el Desarrollo del BID, conocido por su sigla en inglés SDL (Special Development Financing), es un programa de carácter de emergencia y jugará un papel fundamental en asegurar el éxito del proceso de consolidación fiscal y la puesta en marcha de la agenda de reformas estructurales que permitan que el sector privado tome la posta del sector público como principal motor de crecimiento de la economía ecuatoriana como pretende el gobierno” detalló el BID. Este financiamiento tiene un plazo de amortización de 7 años con 3 años de gracia y una tasa de interés basada en LIBOR.

Especificaron además que “en el marco de las reformas estructurales se incluyen la optimización del sistema de subsidios de combustibles en beneficio de los pobres y vulnerables, el ajuste de la cuenta de salarios del Estado para readecuar su tamaño y la optimización de la gestión de la deuda externa a través de una mayor transparencia”.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, indicó que “este financiamiento es una muestra de que se está cumpliendo de manera disciplinada y planificada el programa económico, lo que fortalece la credibilidad hacia el país”.

Añadió que “la confianza hacia el Ecuador por parte de la comunidad internacional se ha visto reflejada además en la significativa reducción del Riesgo País, que se ubicó en 512 puntos, lo que representa 314 puntos menos desde el 31 de diciembre de 2018 que alcanzó la cifra de 826”.

Finalmente el BID destacó que “se espera que estas reformas generen una reducción del gasto corriente y de la deuda pública y un incremento de las reservas internacionales” y especificó que “como parte del programa, el gobierno se ha comprometido al establecimiento de un suelo del 1% del PIB en gasto de asistencia social para el periodo 2020-2021, además de a incrementar el gasto en asistencia social en US$370 millones en 2019”.