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El Proyecto SART, Sistema de Alerta Temprana financiado por la Unión europea y organizado por la Defensoría del Pueblo y organizaciones Internacionales fue creado con el fin de prevenir y manejar crisis referentes a las violaciones de los derechos humanos en la frontera norte de Ecuador y promete ser habilitado en el 2020.

Se realizó en Quito el Encuentro Regional “Compartiendo experiencias para la prevención de violaciones a los derechos humanos”  en donde participaron representantes de las Defensorías del Pueblo de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, con el fin de intercambiar prácticas y experiencias en el diseño y manejo de sistemas de prevención de violaciones a los derechos humanos.

El mes de marzo se firmó un convenio de financiación del proyecto, en donde la Unión Europea y la ONU acordaron apoyar al gobierno ecuatoriano con 3.3 millones de dólares para la realización del proyecto que deberá ser ejecutada en 18 meses.

Se trata de una herramienta de monitoreo para las comunidades locales las 24 horas del día y los 365 días del año, con el objetivo de proveer información adecuada para la prevención, manejo y resolución rápida de consecuencias de violaciones a los derechos humanos.

Marianne Van Steen, Embajadora de la Unión Europea, asegura que este proyecto es parte de uno más amplio que la Unión Europea está brindando al Gobierno del Ecuador.

“El Sistema de Alerta Temprana que apoyamos con este primer programa con la defensoría y las Naciones Unidas es una primera fase, esencial sin ninguna duda, para preparar la implementación de este proyecto más amplio –estamos  hablando de alrededor USD 25 millones-. Así, es esencial pues va a permitir, de manera más rápida, evitar situaciones de vulneración de derechos humanos y otros riesgos en la zona fronteriza”.

Freddy Carrión Intriago, miembro de la Defensoría del Pueblo, asegura que este encuentro pretende ser un espacio de diálogo para contribuir a fortalecer y mejorar los mecanismos y herramientas de prevención contra violaciones de los derechos humanos.

Este proyecto es importante para el país debido al alto flujo de migrantes que pasan por la frontera norte del Ecuador. Por este motivo es imperativo el empoderamiento de las comunidades locales para el ejercicio de sus derechos y las denuncias a posibles vulneraciones a estos.