La Comisión de Desarrollo Económico aplazó su informe sobre veto del ejecutivo a la Ley de Fomento Productivo

El 18 de julio llegó llegó a la Asamblea Nacional el veto del Ejecutivo  a la Ley de Fomento Productivo y a partir de esa fecha, los legisladores disponen de 30 días para pronunciarse por la ratificación de su texto o el allanamiento de la observación del Ejecutivo, de lo contrario se entenderá se acogen al veto, según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

De momento, según lo informa la Asamblea, “la Comisión de Desarrollo Económico revisa el segundo alcance al veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Fomento Productivo y estructurará el informe no vinculante que será puesto  consideración del Pleno”. En este documento la Comisión detallará las observaciones al veto, para que con este insumo el Pleno pueda votar.

El asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la comisión, dijo:“Estamos dentro de los plazos. La idea era tramitar esta ley lo más rápido posible, pero siempre hay situaciones que se dan que ya están fuera del alcance de nuestra planificación”.

Albornoz adelantó además que hay acuerdos sobre la mayoría de los artículos objetados y el asambleísta Patricio Donoso especificó en entrevista en Ecuavisa que “se allanarán a un 83% del texto, se ratificarán en un 7% y el tema de las reglas macrofiscales se dejará para que cada bloque argumente y vote a su mejor criterio”.

Homero Castanier, asambleísta de Creo, también dijo en entrevista para El Comercio que “hay consenso para allanarse en los temas más importantes de la Ley, que son la remisión o amnistía tributaria y los incentivos para atraer inversiones”.

Pero, existen dos temas fundamentales, que generan debate en la Asamblea:

El primero, tiene relación con los mecanismos de solución de controversias para los contratos de inversión. “El tema fue introducido por la Asamblea durante el segundo debate del proyecto y plantea que el Estado tiene la obligación de ofrecer el mecanismo de arbitraje regional para inversionistas, como vía para resolver eventuales disputas. El Ejecutivo acogió estas observaciones y envió a la Asamblea un nuevo alcance al veto para que el Estado esté obligado a someterse a estos procesos” reseña El Comercio

Miguel Ángel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, afirma que este cambio “envía un mensaje potente de seguridad a los inversionistas”.

El segundo tema tiene que ver con el manejo de la deuda pública. “El Presidente plantea en el proyecto de Ley reducir a cero el déficit presupuestario, de manera que los ingresos sean suficientes para cubrir los gastos (sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda), hasta el 2021. Pero en este período no habría un límite de endeudamiento, lo cual es visto por algunas bancadas como “un cheque en blanco” para que el Gobierno siga contratando créditos. El Código de Planificación y Finanzas Públicas establece que la deuda no puede sobrepasar el 40% en relación con el PIB, pero datos a junio evidencian que la cifra llega al 46,1%” resume El Comercio.

Richard Martínez, ministro de Finanzas explico que “será necesario contratar más deuda para alcanzar equilibrio en las cuentas fiscales y luego volver, paulatinamente, al límite permitido”.

En cuanto a la aprobación del informe por parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, el asambleísta Albornoz dijo que podría convocar a los legisladores para este lunes o martes, a fin de aprobar el informe y  en ese caso, el análisis y votación en el Pleno sería el jueves 2 de agosto.

Fuentes: El Comercio, Ecuavisa, Ecuador Inmediato.