La economía digital brinda nuevos beneficios a los ciudadanos y a las empresas, pero también nuevos desafíos para los sistemas fiscales. Así los efectos de la digitalización en el consumo inciden en la recaudación de impuestos ganando terreno frente a los canales tradicionales.

Quito, 24 febrero, 2021.–De ahí que la fiscalidad digital supone un reto a nivel internacional, explica Nelson Baldeón, Champion del  MIT Reap, quien explica que uno de los principales problemas tributarios actuales es la desconexión que existe entre el lugar donde se crea valor y el territorio donde las empresas digitales pagan sus impuestos. Esto porque la condición indispensable para gravar la actividad de una empresa era su presencia física en el estado en cuestión.

Sobre este tema, el G7 (Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) acaba de marca como «máxima prioridad» llegar a un acuerdo internacional para procesar estas discusiones entre países sobre la fiscalidad digital que permita conectar con los compromisos marcados por otros bloques comerciales regionales como la OCDE y el G20.

Precisamente, Reino Unido, como presidente del G7 tiene para este año el compromiso de establecer una solución internacional sobre fiscalidad de la economía digital. El país ha instado al resto de naciones a «trabajar de manera conjunta» hacia una solución «duradera y multilateral» para mediados de 2021.

En otros ámbitos, como las Naciones Unidas también se busca consenso. El informe de esta organización sobre economía digital especifica que los países están reconsiderando la forma en que se deben distribuir los derechos impositivos para evitar la posibilidad de que las principales plataformas digitales estén infragravadas en una economía digital de rápida evolución.

Según este informe, se hace patente el desajuste entre el lugar donde se gravan los beneficios y el lugar y la forma en que se crea el valor. Teniendo en cuenta que los países en desarrollo son principalmente mercados para las plataformas digitales mundiales y que sus usuarios contribuyen significativamente a la generación de valor y a los beneficios, las autoridades de esos países deberían tener derecho a gravar esas plataformas.