[quads id=1]

Los profesores Dreyfuss y Kwall, enseñan que el titular de una marca no tiene derecho sobre una palabra, más bien, su derecho recae sobre un signo, es decir, sobre el uso ‘particular’  de una palabra. Por tanto, y siguiendo al profesor Jorge Otamendi, la marca ‘es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro’. Y es precisamente esta función la que le permite al consumidor comprar lo que quiere. Al hacerlo premia el esfuerzo de su titular quien al vender más, aumenta su utilidad. Por esto y por más, la marca es el vehículo de la competencia.

En el Proceso 144-IP-2014, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (de hoy en más, ‘TJCA’) interpreta este concepto diciendo:

La marca es ‘un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imagines, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación decolores, forma de productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del  producto o servicio’ (Citado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Estado Plurinacional de  Bolivia en los Autos Supremos Nos. 217/2015, apartados 2 b) y 2 c); y, 401/2017) (1).

Dicho esto, desde un enfoque económico y como medio de protección del consumidor, la marca cumple con las siguientes funciones:

1.- Distinguir los productos o servicios que se ofertan

Una vez que un producto es ubicado en su lugar de venta, la marca permite que el comprador pueda elegir entre varias opciones o volver a adquirir el mismo producto o servicio que otra vez adquirió. La marca identifica tanto al artículo o servicio actualmente comercializado así como a las variantes que puedan suscitarse en el futuro. Un ejemplo tradicional es la evolución histórica de la marca COCA COLA® (2).

Si una marca no tiene capacidad distintiva no cumple con su papel primordial y directamente tutelada que consiste en distinguir un producto o servicio de otros. Nuestro sistema normativo así lo señala en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante ‘Decisión 486’):

‘Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado’

Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: … b) carezcan de distintividad;…’ (Cfr. art. 1 de la Ley Reglamentaria de Marcas –Bolivia-; art. 45 del Decreto Legislativo 1075 –Perú-; y, art. 359 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, ‘COESCI’ –Ecuador-).

En efecto, y volviendo con Otamendi, ‘… La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial en la marca’ (Esta opinión ha sido recogida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad -‘TJCA’, en adelante-, en los Procesos 96-IP-2007 y 58-IP-2006, entre otros. Y claro exponente de esta línea jurisprudencial y doctrinaria ha sido el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), hoy SENADI (3), entre otras, en las siguientes Resoluciones: 438-2014-CPI-1S;  100-2014-CPI-1S; 732-2013-CPI-1S; 542-2013-CPI-1S; y, 70-2013-CPI-1S (El matiz es nuestro).

A su turno, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de Colombia (‘SIC’, en adelante), ha señalado lo siguiente:

La distintividad es el elemento diferenciador por naturaleza de un signo. Es aquella característica que reviste al signo de aptitud para distinguir los productos de uno y otro empresario en el mercado. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones el carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes que desea adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus competidores’ (Véanse las Resoluciones Nos. 75336 y No. 826, además de los Conceptos números 18-125041 y 14-010342. El matiz es nuestro).

2.- Indicar la procedencia empresarial

La indicación de procedencia empresarial constituye una función esencial de la marca para una importante ala doctrinaria, informa que todos los productos y servicios que la porten han sido producidos, distribuidos o prestados por una misma unidad productiva que intentará sostener las cualidades del objeto o servicio consumido.

En la actualidad esta función no tiene el mismo alcance que tenía en sus inicios ya que se ha visto influenciada por la revolución industrial, el magnífico desarrollo tecnológico de las comunicaciones y las modalidades actuales de consumo. Estos factores han determinado que el productor se haya alejado del consumidor y que a este último no le interese o ignore el origen empresarial (4). Lo propio sucede con las nuevas modalidades de relación económica y jurídica que se configuran entre las empresas, pudiendo, entre estas, señalarse las licencias de uso o cesiones de la marca, así como las franquicias (5).

No obstante, esta función de la marca no ha sido depreciada por la jurisprudencia, pues el consumidor sabe que detrás de un signo marcario existe una determinada organización productiva que imprime ciertas características al objeto ofertado. Veamos:

‘1.10. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación’ (TJCA, Proceso 282-IP-2017. Véanse también el apartado 5.10 del Proceso 457-IP-2017 o el apartado 22 del Proceso 388-IP-2015. El matiz me corresponde).

La SIC en la Resolución N° 23782, apunta lo que sigue:

‘… bajo el requisito de la distintividad condensa todas las funciones antes expuestas, para ofrecerle al empresario una institución que le garantiza a éste y a su clientela una pacífica relación, basada en la confianza generada por la información que del producto refleja el signo.’

En el caso ecuatoriano el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI (en adelante, ‘El Comité’), en la Resolución No. 257-2012-CPI-1S, citando al TJCA, Proceso 27-IP-95:

‘… la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial.’ (En este mismo sentido, véase el CONSIDERANDO SEXTO de la Resolución 599-2013-CPI-1S).

La lectura que ofrece la experiencia peruana en cabeza del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA -COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (‘INDECOPI’) mantiene el criterio precedente:

‘Cabe indicar que si bien los signos registrados presentan otros elementos gráficos, los mismos no contribuyen a la diferenciación de los signos, debido a que podrían ser considerados como provenientes de un mismo origen empresarial o que constituye un signo derivado del otro.’ (DIRECCIÓN  DE SIGNOS DISTINTIVOS. RESOLUCIÓN No. 073-2018/CSD-INDECOPI, apartado 3.3.2. Puede verse también el apartado 1.2 de la RESOLUCIÓN N° 0048-2017/TPI-INDECOPI o, el apartado 3.2.2. RESOLUCIÓN 0945-2018/CSD-INDECOPI.

La importancia de esta cualidad marcaria se vuelca, con más precisión, en un tipo particular de marca, la colectiva:

‘Artículo 180.- Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.’ (A nivel nacional, véanse los artículos 6 Ley Reglamentaria de Marcas de Bolivia; 77 del Decreto Legislativo 1075 de Perú; y, 385 COESCI de Ecuador). Ejemplos de este tipo de marcas son las siguientes:

3.- Indicar y garantizar la calidad del producto o servicio que identifica

La marca constituye una garantía de ‘calidad uniforme’; esta ‘función derivada’ de la marca consiste en la concientización del vendedor y comprador de que el uso de una marca sugiere una cierta regularidad en la calidad del producto. La calidad relativamente constante que el consumidor espera encontrar en el producto o servicio no es una obligación legal del titular de la marca. Si un producto o servicio pierde su calidad, probablemente perderá consumidores y provocará el debilitamiento de la marca en el mercado: dejará de ser elegida. Por ello, mantener uniforme o a su vez, mejorar la calidad del producto que vende o del servicio que presta, es el interés mayor del titular de una marca. Por supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca con el paso del tiempo, no es absoluta, por tanto, no es determinante para que la marca deje de ser tal.

Explica el TJCA en el Proceso 388-IP-2015 lo siguiente:

‘21. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como una característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación.’ (Esta jurisprudencia consta también en el Proceso 206-IP-2005, del mismo Tribunal y fue citada por el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales en la Resolución No. OCDI-2018-0323, Considerando Tercero, así como por El Comité en la Resolución 425-2014-CPI-1S. El matiz me corresponde) (6).

La SIC, asimismo, propone:

‘El fin último de la protección marcaria es por tanto, garantizar que el consumidor o usuario identifique, valore y diferencie los productos y servicios, sin riesgo de confusión o error respecto del origen o la calidad de los mismos’. (Apartado 4 de la Consulta No.: 18-125041. En términos muy similares nos encontramos con las Resoluciones No. 99027, Considerando Séptimo, y 184872-07-AMP, Considerando Quinto, emitidas, esta vez, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. El matiz es nuestro).

Aunque el sistema jurídico no exige que las marcas comunes, necesariamente, cumplan con esta condición, lo contrario sucede con cierta modalidad de signos, a saber, las marcas de certificación o garantía:

‘Artículo 185 de la Decisión 486: Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca’. (arts. 406-410 del COESCI, Ecuador; y, 80 del Decreto Legislativo 1075, Perú).

Resta señalar, que en el caso de una marca licenciada, la mayoría de los ordenamientos jurídicos exigen que esta modalidad de contrato, asegure la calidad de los objetos o servicios con ella comercializados. Así pues, esta necesidad de control es una visible manifestación del peso jurídico de la indicación y garantía de la calidad. Ejemplo de ello, son los artículos, 67 del Decreto Legislativo 1075 del Perú; 594, inciso 1 del Código de Comercio de Colombia y 376 del COESCI del Ecuador. Ejemplos de este tipo de marcas son las siguientes:

4.- Condensar el eventual Goodwill o buena reputación de los productos o servicios diferenciados por la marca

Esta función ha sido desarrollada por la jurisprudencia y doctrina norteamericanas y actualmente es reconocida por diversos regímenes jurídicos. Consiste en la inversión en calidad, reputación y servicio que hace una persona sobre su marca. De allí que la Decisión 486 prohíba el registro  y uso no autorizado de un signo que tenga un acrecentado prestigio (‘notoriedad’). Constituye uso no autorizado de este tipo de signos, usarlo en su totalidad o en un parte esencial o, a su vez, reproducirlo, imitarlo, traducirlo o  transliterarlo, si tal uso significase un daño económico o comercial injusto a su titular por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, por el aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre de tal signo (7).

En efecto:

‘La marca notoria goza de lo que en doctrina sobre propiedad industrial se conoce como  ҅goodwill  ҆҆, es decir, goza de un status comercial y jurídico diferente al de una marca común. Por ello es necesario proteger a estas marcas, pues en algunos casos el valor de esta marca puede sobrepasar el de otros bienes tangibles del empresario’ (TJCA: Proceso 26-IP-1997. Citado por la SIC en el Concepto 02107936. El matiz es nuestro).

Y últimamente se ha ampliado este criterio:

‘El derecho de marcas también protege al titular de la marca de una posible apropiación del fruto de su trabajo o inversión, por parte de infractores, creando incentivos para la producción de productos de alta calidad (goodwill).’ (8).

A su turno del INDECOPI, en una suerte de leading case, ha propuesto:

“La buena reputación o prestigio de la marca notoria ha sido lograda en el mercado por el titular merced a las inversiones publicitarias relativas a la marca y – sobre todo – a través de una política empresarial encaminada a ofrecer bajo la marca productos o servicios de alta calidad. Además, ese prestigio proporciona al titular innegables ventajas puesto que tal reputación tiene un valor económico: en el acentuado goodwill de la marca se condensan las preferencias de los consumidores motivadas por la calidad de los productos y la publicidad. De esta forma, la buena reputación de la marca es un activo empresarial en el que se consolidan las inversiones efectuadas por el titular. Este activo puede ser explotado por el titular de la marca directamente (lanzando productos o servicios bajo esa marca) o indirectamente (a través de licencias a terceros respecto de productos o servicios diferentes a los que ha venido aplicándose la marca).” (RESOLUCIÓN N° 1283-2010/TPI-INDECOPI. Puede consultarse también la lectura del TJCA en el Proceso 112-IP-2011, citado en la Resolución No. 09-1102-AC-EA-1S, de El Comité (El matiz nos corresponde).

5.- Servir de medio para publicitar los productos o servicios

El único nexo que existe entre el consumidor de un producto o servicio y su titular, es la marca. Ésta es lo que el consumidor ha de pedir y lo que el titular de la misma tratará que pida. La publicidad es un medio de comunicación que comprende y transmite calidad, valores, y en general informaciones de un producto o servicio, es por ello que la legislación andina prohíbe el registro de signos engañosos rescatando el principio de veracidad por el que se prohíbe el registro de signos que transmitan información falsa o deformada  a los consumidores, respecto de las características del producto o servicio identificado (9).

Quien adopta cualquier signo como marca lo hará por lo general tomando en cuenta el grado de aceptación que aquella tenga entre los consumidores, es decir, que tenga un ‘poder motivante’, esto es, que posea la capacidad suficiente para suscitar cualquier respuesta superando aquella inducida por la sola información.

La función publicitaria de la marca goza de un innegable valor jurídico que se ve reflejado en diversas instituciones del Derecho de marcas: cesión y licencia de marcas; marcas notorias y renombradas; o, uso de un signo (10).

La jurisprudencia arriba citada del caso GLORIA emitida por el INDECOPI habla por sí sola (11).

 

SOBRE EL AUTOR:
JOSÉ JAVIER VILLAMARÍN
SOCIO FUNDADOR DE ASPEN ABOGADOS.
JVILLAMARIN@ASPEN.PRO.EC

Es Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales y Doctor en Jurisprudencia y Abogado de la República, por la Universidad Central del Ecuador. Es Especialista en Negociaciones Comerciales Internacionales, título concedido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Es perito calificado en Propiedad Intelectual con reconocimiento ante el Consejo Nacional de la Judicatura y Cámara de Comercio de Quito (Ecuador).  Ha cursado, además, la Maestría en Integración y Cooperación Internacional, en el Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario (CERIR-Argentina) y el Posgrado de Actualización en Propiedad Intelectual, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho (Argentina).

Tiene varios Diplomados internacionales en: Propiedad Intelectual, Economía, Integración regional,  Comercio Internacional con especial atención en el Régimen Jurídico del Sistema Multilateral de Comercio (OMC), Relaciones Internacionales, Derecho Comunitario y de la Integración, Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Ha sido conferencista y ha participado en conversatorios en foros nacionales e internacionales en materia de Propiedad Intelectual, Nuevas tecnologías, Dimensión económica de las industrias culturales, Knowledge Management, Intellectual Property Managment, Modernización del Estado y privatizaciones, Relaciones Internacionales, Derechos Económicos y Sociales en los procesos de integración regional, Solución de Controversias, Desarrollo de la industria Químico-farmacéutica, Negociación, Derecho del Mar, Crecimiento Económico y Social; y, Aspectos jurídicos de la actividad internacional de las empresas.

Es académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP), fue Miembro del Consejo Editorial de la revista TINTA JURIDICA y profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional SEK (Quito-Ecuador). También fue Revisor en las Conferencias Iberoamericanas en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI desde el año 2003 hasta 2005, 2013-2014 (Orlando, Florida – EE.UU.), y, becario del gobierno argentino en el marco del Programa de Cooperación Bilateral con el Ecuador (1999-2002), con extensión de beca por mérito académico.
José Javier Villamarín ha prestado sus servicios en prestigiosos Estudios Jurídicos del Ecuador y en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ha publicado artículos de opinión y ensayos en diferentes medios nacionales e internacionales.

Notas:
(*) Gracias a la gentileza de Marketing Activo ofrecemos este nuevo artículo en materia de Derecho Marcario. A diferencia del anterior, este trabajo es planteado desde una visión  andina, esto es, efectuando un análisis de la legislación y jurisprudencia aplicables en los países Miembros de la Comunidad Andina apoyadas por la doctrina especializada.
(1) La Comunidad Andina (CAN) es una organización internacional que cuenta con varias instituciones que integran el SAI (Sistema Andino de Integración) y su origen se remonta a 1969, año en el que se suscribió su Tratado Constitutivo: El Acuerdo de Cartagena. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú son Miembros de la CAN.
La Comisión es uno de los órganos que conforman el SAI. Es el órgano normativo de la CAN y se pronuncia a través de Decisiones las cuales son vinculantes para sus Miembros. Una de ellas es la Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial. La Interpretación contenida en ésta y las demás Decisiones está a cargo del Tribunal de Justicia, órgano jurisdiccional que es competente para resolver las controversias que surjan con motivo de la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico comunitario andino.
(2) En la experiencia boliviana, por ejemplo, la solicitud de registro de la marca COCAKOLLAbol, destinada a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 32 de Niza (gaseosas, aguas minerales, etc.), soportó la Oposición de The Coca Cola Company sobre la base de su marca COCA COLA® y todas sus variantes (Auto Supremo No. 01 de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Estado Plurinacional de  Bolivia).
(3) El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) se crea mediante Decreto Ejecutivo No. 356 de 3 de abril de 2018 y reemplaza al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).
(4) Nótese el caso de los Consumidores 2.0, en donde se condensa la influencia de las redes sociales en la elección de compra de los consumidores. Ésta viene dada en doble vía:
4.1.- Las redes sociales son un medio para expresar opiniones acerca de productos o servicios. Muchos usuarios cuentan sus experiencias de compra a través de Facebook, Twitter, o redes especializadas como Trip Advisor en viajes.
Estas opiniones pueden ser determinantes para quien está por elegir una marca y adquirir sus  productos o servicios. El comentario en la red social constituye una forma de aval al momento de decidir sobre una compra.
4.2.- Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación para las marcas. A través de aquellas, éstas pueden acercarse a sus clientes y ‘humanizarse’. Una empresa o persona que sepa manejar bien sus perfiles en redes sociales tiene una oportunidad única para influir en la decisión del comprador (BARBOZA, 2012: 19 y 20).
(5) En el Derecho Marcario internacional las licencias y la cesión de las marcas quedaron consagradas en el artículo 21 del Acuerdo sobre los Aspectos de  los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por su acrónimo en inglés). Lo propio acontece en el Derecho Comunitario Andino. Véanse los artículos 161 a 164 de la Decisión 486; 26 y siguientes de la Ley Reglamentaria de Marcas, Bolivia; 594 Código de Comercio, Colombia; 375 y 376 del COESCI, Ecuador; y, 63 del Decreto Legislativo 1075, Perú.  
 Con respecto a la franquicia, podría verse nuestro trabajo: La figura de la franquicia en la práctica argentina actual y en el derecho comparado.
(6) EL Comité de Propiedad Intelectual, autoridad de apelación que formaba parte del antiguo IEPI, con la creación del SENADI, tomó el nombre de Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales.
(7) Véanse los artículos 136, letras a);  h); 155, letras e) y f); y 226 letra b) de la Decisión 486; 361 número 5; 367, números 5 y 6; 421; 465, número 2;  y, 584 del COESCI, Ecuador; y, 89 del Decreto Legislativo No. 1075, Perú.
La ‘Dilución’ ha sido también una figura creada en el derecho anglosajón. Dreyfuss y Kwall la definen como “la disminución de la capacidad de una marca famosa para identificar y distinguir bienes o servicios, sin importar la presencia o ausencia de (1) competencia entre el titular de la marca famosa y otras partes y otras partes, o (2) la probabilidad de confusión, error o engaño” (La traducción es nuestra), cit.
(8) Este criterio se desarrolló en el Proceso 242-IP-2015, citando los siguientes casos internacionales: Zippo Mfg Co. c. Rogers Imports, Inc. 216 F Supp. 670,694-95 (S.D.N.Y. 1963); y, In re Int’l Flavors & Fragances, 183 F.3d 1367, 1367 (Fed. Cir. 1999). El matiz nos corresponde.
(9) Dice la Decisión 486: ‘Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:… i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;’. Cfr.: art. 48, número 3 y 51 de la Ley Reglamentaria de Marcas, Bolivia; y, 360, número 9 del COESCI, Ecuador. El matiz me corresponde.
(10) La Decisión 486 podemos nos ofrece un marco general:
‘Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:… c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.’
‘Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:… c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;…’ El matiz es nuestro. Véanse también los artículos 368, número 3 y 460, número 3, del COESCI, Ecuador; y,  45, letra d) del Decreto Legislativo No. 1075, Perú.
(11) De igual valor es la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI –marcas: KENT vs. KENT-. (Publicada el 26 de diciembre de 2009), Citada por Donoso. Igualmente podría verse la Resolución N° 7883 Ref. Expediente N° 15076908 emitida por la SIC –marcas: NIKE vs. .
Bibliografía:
Libros:
CHIJANE DAPKEVICIUS, Diego, Derecho de Marcas, Editorial REUS S.A., Montevideo, Buenos Aires, 2007, págs.: 1-25.
DREYFUS C., Rochelle y KAWUAL R. Roberta, Intellectual Property. Cases And Materials On Trademark, Copyright And Patent Law, Foundation Press, New York, 1996, págs: 8-9; 24; y, 140.
FERNÁNDEZ-NOBOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Segunda Edición, Gómez, Acebedo & Pombo, Abogados. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, Barcelona, 2004, págs. 39-40 y 66-79.
OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Tercera Edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, págs. 7-12.
Ensayos:
BARBOSA, Nicolás, La influencia del marketing en la toma de decisiones del comprador, Universidad Nacional del Cuyo, Facultad de Ciencias Económicas, Argentina, marzo de 2012, disponible en: http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4905/barboza-influenciamarketingtomadecisiones.pdf
DONOSO ACOSTA, Greta, Investigación De Mercados: Una herramienta para determinar la notoriedad de Marca, Colección de Propiedad Industrial e Intelectual. Segundo Semestre 2016 – Primer Semestre 2017. Asociación de Derechos Intelectuales, ASDIN. ELDIAL.COM. Ed. ALBREMÁTICA S.A., págs.123 y siguientes.
VILLAMARÍN, José Javier, La figura de la franquicia en la práctica argentina actual y en el derecho comparado, Revista Jurídica EL DERECHO, No. 10.858, 14 de octubre de 2003, págs. 1-6. Buenos Aires – Argentina. Disponible en: http://aspen.pro.ec/aspen/es/libros-y-ensayos/
Jurisprudencia:
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: Procesos números: 27-IP-95; 26-IP-97; 58-IP-2006; 96-IP-2007; 112-IP-2011; 144-IP-2014; 206-IP-2015; 242-IP-2015; 388-IP-2015; 282-IP-2017; y, 457-IP-2017.
Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.  Sala Contenciosa Y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativo. Sentencias números:
1.- 01 de 3 de marzo de 2017. Signos en conflicto: COCA-COLA® vs. COCAKOLLAbol;
2.- 217/2015, de  19 de mayo de 2015. Signos en conflicto: ANITA® vs. ANITA; y, 401/2017 de 6 de junio de 2017. Signos en conflicto: TARJETA VERDE® vs. CRÉDITO VERDE.
Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Resoluciones números:
1.- 75336 de 6 de octubre de 2018. Ref. Expediente N° SD2017/0036702. Signo solicitado:(carita feliz);
2.- 0826 de 16 de enero de 2014. Ref. Expediente N° 12-089117. Signo solicitado: SOYCONTADOR;
3.- 23782 de 8 de mayo de 2017. Ref. Expediente N°15130141.Signo solicitado:  -marca de color-. Y Conceptos números: 14-010342 de 5 de marzo de 2014.
Conceptos números:
1.- Trámite número: 113. Radicación número: 18-125041.
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – Ecuador (antes: Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual –IEPI-): Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, Resoluciones:
1.- 257-2012-CPI-1S. Trámite No. 12-4291-RA-1S, de 28 de noviembre de 2012. Signos en conflicto: Nombre Comercial.- ASSA AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A. vs. assa & diseño.
2.- 70-2013-CPI-1S, Trámite No. 12-4184-RA-1S, de 13 de febrero de 2013. Signos en conflicto: BRILLIANCE® vs. BRILLIANZ.
3.- 542-2013-CPI-1S, Trámite No. 09-2962-RA-1S, de 22 de julio de 2013. Signos en conflicto: BOSI® vs. BOSSINI Y DISEÑO.
4.- 599-2013-CPI-1S, Trámite No. 12-4507-RA-1S, de 14 de agosto de 2013. Signos en conflicto: LA FAVORITA CRIANZA® vs. LA CRIANZA + GRÁFICA A COLORES.
5.- Resolución No. 695-2013-CPI-1S. Trámite No. 09-1102-AC-EA-1S, de 18 de septiembre de 2013. Signos en conflicto: VITAMINNWATER® y GLACEAU VITAMINNWATER® vs. TESALIA VITAMINWATER.
6.- 732-2013-CPI-1S. Trámite No. 09-2351-RA-RR-2011, de 25 de septiembre de 2013. Signos en conflicto: TEMPTATION DARK DESERT® y DARK LIGHT® vs. AXE DARK TEMPTATION (stylized & device label).
7.- 100-2014-CPI-1S. Trámite No. 11-4161-RA-1S, de 14 de febrero de 2014. Signos en conflicto: APLEV® vs. APLEVO.
8.- 425-2014-CPI-1S. Trámite No. 12-4316-RA-1S, de 19 de noviembre de 2014. Signos en conflicto:vs..
9.- 438-2014-CPI-1S. Trámite No. 11-4039-RA-1S, de 19 de noviembre de 2014. Signos en conflicto: vs..
10.- Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales OCDI: Resolución: OCDI-2018-0323. Trámite No. 17-6255-RA-2S, de 28 de noviembre de 2018. Signos en conflicto: APRENDO CON MI BANCO BANCO, PROGRAMA DE FROMACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES® vs. Lema Comercial: APRENDE CON TU BANCO PRODUBANCO MÁS DISEÑO.
11.- Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI: Resoluciones:
11.1.- 99027. Trámite No. 206103-09-MODLT, de 25 de enero de 2010. Signos en conflicto: GE (MONOGRAMA)® vs. GANO EXCEL MÁS GRAFICA).
11.2.- 184872-07-AMP de 29 de abril de 2008. Marcas en conflicto: CHOKIS® vs. CHOC KISS.
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). República del Perú: Dirección Nacional de Signos Distintivos. Resoluciones Números:
1.- 1283-2010/TPI-INDECOPI. Expediente No. 312533-2007, de 9 de junio de 2010. Signos en conflicto: GLORIA® vs. GLORIA.
2.- 0048-2017/TPI-INDECOPI. Expediente No. 643819-2015, de 6 de enero de 2017. Signo solicitado: MADE FOR MOMENTS.
3.- 073-2018/CSD-INDECOPI. Expediente No. 710929-2017, de 8 de enero de 2018. Signos en conflicto:vs..
4.- 0945-2018/CSD-INDECOPI. Expediente No.: 92054-2017, de 21 de febrero de 2018. Signos en conflicto MORDISCO® vs. CHOCO-LIKE MORDISCO.
Legislación:
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio de 1994.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Régimen Común sobre Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000.
Bolivia: Ley General sobre Marcas y Registros Industriales y Comerciales, de 15 de enero de 1918.
Colombia: Código de Comercio. Decreto 410 de 1971.
Ecuador: Código Orgánico de la Economia Social de los Conocimientos, de 29 de noviembre de 2016.
Perú: Decreto Legislativo 1075 que aprueba las Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
Boletines Informativos:
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.
https://www.indecopi.gob.pe/en/web/dop/tallarin-casero-abanquino-dona-mica
http://www.cibepyme.com/minisites/peru/es/propiedad-intelectual/propiedad-industrial/Marcas-Colectivas-y-Marcas-de-Certificacion/
Marcas Colectivas, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). Estado Plurinacional de Bolivia, disponible en:
https://www.senapi.gob.bo/snpUpload/tripticos/trip_marcascol_2014.pdf
Innova – Inventa. Revista de Patentes de Invención. Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia, disponible en:
https://www.senapi.gob.bo/RevistasPatentes/Revista8.pdf
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia, disponible en:
http://www.sic.gov.co/noticias/la-superindustria-concedio-el-registro-de-la-marca-colectiva-soy-capaz
http://www.sic.gov.co/ruta-pi/junio28/marcas-de-certificacion-en-colombia
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), República del Ecuador, disponible en: https://www.propiedadintelectual.gob.ec/signos-distintivos/