La transformación del sector energético ecuatoriano avanza hacia una etapa marcada por una mayor participación privada, nuevos modelos de generación eléctrica y esquemas innovadores de gestión energética. Entre los principales cambios se encuentra la creación de los denominados distritos autónomos energéticos, una figura que busca fortalecer la competitividad de sectores productivos mediante mecanismos de autogeneración y una gestión más eficiente de los recursos energéticos.
Junio 1, 2026. – Así lo explicó Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética (AEEREE), durante una conversación con María Belén Tinajero, directora de MarketingActivo, realizada en el marco del IV Power & Renewable Energies Summit 2026. El encuentro, organizado por Seminarium Ecuador, reunió en Quito a autoridades gubernamentales, representantes multilaterales, inversionistas y líderes empresariales para debatir sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sistema energético nacional.
Durante la conversación, Rosero destacó que, tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos, el sector privado ha participado activamente en la construcción de propuestas orientadas a fortalecer el reglamento que acompañará su implementación.
Uno de los aspectos más innovadores de la normativa, señaló, es la incorporación del concepto de comunidades energéticas, conocidas como distritos autónomos energéticos. Estos espacios permitirán que parques industriales, complejos productivos y agrupaciones empresariales generen parte o la totalidad de la energía que requieren para sus operaciones, reduciendo su dependencia de la red nacional y fortaleciendo su seguridad energética.
Según explicó, estos esquemas funcionarán bajo un modelo colaborativo en el que varios usuarios compartirán infraestructura energética propia, estableciendo mecanismos de distribución adaptados a las necesidades específicas de cada integrante. Esto permitirá optimizar recursos y mejorar la disponibilidad de energía para distintos tipos de actividades productivas.
Mayor participación privada y nuevas oportunidades de inversión
Rosero destacó además que la nueva legislación abre la posibilidad de que el sector privado participe en actividades de transmisión eléctrica, un ámbito que históricamente estuvo reservado al sector público. A su criterio, esta medida contribuirá a dinamizar el desarrollo de nuevos proyectos de generación y facilitará la incorporación de puntos de conexión adicionales dentro del sistema nacional.
Asimismo, señaló que las regulaciones vigentes relacionadas con generación distribuida, autoconsumo y proyectos eléctricos de mediana escala permitirán acelerar la incorporación de nuevas tecnologías energéticas, fortaleciendo la capacidad del sistema para responder a las necesidades de consumidores industriales, comerciales y productivos.
Durante el diálogo también se abordó el impacto que tiene la energía sobre la competitividad empresarial. Rosero recordó que la crisis energética registrada en 2024 evidenció que no basta con contar con capacidad instalada de generación, sino que resulta indispensable garantizar la disponibilidad efectiva de energía en los momentos en que las actividades productivas la requieren.
En ese contexto, indicó que sectores como la industria manufacturera, la producción acuícola, el comercio y otros segmentos intensivos en consumo eléctrico enfrentan desafíos particulares cuando existen restricciones en el suministro energético, debido a que sus procesos operativos dependen de horarios específicos y no siempre pueden adaptarse a cambios en la disponibilidad del servicio.
Otro de los temas destacados fue la creciente competitividad de los sistemas de almacenamiento energético. Rosero explicó que la reducción progresiva de costos en tecnologías como las baterías está permitiendo que más empresas consideren estas soluciones como una alternativa viable para garantizar continuidad operativa y optimizar el uso de energía en procesos críticos.
El representante de la AEEREE sostuvo que las reformas regulatorias actualmente en marcha representan «una oportunidad para modernizar el sector energético ecuatoriano», atraer nuevas inversiones y fortalecer la resiliencia del sistema. En su criterio, la combinación de generación distribuida, almacenamiento, participación privada y nuevos modelos de gestión energética permitirá avanzar hacia un esquema más flexible, eficiente y alineado con las necesidades de desarrollo productivo del país.
