Ecuador abrió un nuevo debate sobre los desafíos estructurales, regulatorios y financieros que enfrenta el país para consolidar una transición energética sostenible durante el desarrollo del IV Power & Renewable Energies Summit 2026.
Mayo 29, 2026. – Este encuentro reunió en Quito a autoridades gubernamentales, representantes multilaterales, inversionistas y líderes empresariales vinculados al ecosistema energético nacional e internacional.
El foro, realizado como una plataforma estratégica para el análisis del futuro energético ecuatoriano, puso sobre la mesa la necesidad de acelerar inversiones, modernizar infraestructura eléctrica y fortalecer la participación privada para responder al crecimiento de la demanda energética y a los nuevos desafíos globales relacionados con sostenibilidad, electrificación y competitividad productiva.
Durante la apertura oficial del encuentro intervino Juan Carlos Blum, ministro de Ambiente y Energía del Ecuador. En su intervención, sostuvo que Ecuador atraviesa actualmente un “punto de inflexión” dentro del sector energético, dejando atrás modelos limitados de planificación para avanzar hacia un esquema basado en inversión, innovación, sostenibilidad y competitividad.
El Ministro afirmó que el nuevo marco normativo impulsado por el Gobierno ecuatoriano busca modernizar las reglas del sector y «enviar señales de apertura» hacia la inversión privada y la incorporación de nuevas tecnologías energéticas. Según indicó, la transformación del sistema eléctrico nacional no podrá ejecutarse únicamente desde el Estado y requerirá necesariamente participación empresarial, financiamiento y cooperación entre distintos actores públicos y privados.
Blum señaló que uno de los principales retos del país consiste en convertir la confianza del mercado en «proyectos reales capaces de ampliar» la capacidad energética nacional y fortalecer la infraestructura de transmisión y distribución.
Ecuador frente al desafío de modernizar su matriz energética
Durante su ponencia, Blum advirtió que el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica representa uno de los mayores desafíos para Ecuador y para el mundo entero. Explicó que la creciente competencia internacional por equipamiento energético y generación eléctrica está provocando retrasos globales en la adquisición de turbinas y tecnología especializada.
Según manifestó, actualmente los tiempos de entrega de ciertos equipos estratégicos pasan de tres a cinco años, escenario que obliga a los países a tomar decisiones rápidas y desarrollar mecanismos más flexibles de contratación e inversión.
Blum sostuvo que Ecuador «posee ventajas comparativas importantes» para desarrollar energías renovables, especialmente en generación hidroeléctrica, autogeneración industrial y electrificación productiva. En ese contexto, destacó que el país todavía conserva múltiples sitios con potencial hidroeléctrico sin explotar, situación que calificó como poco común a nivel regional.
Reformas regulatorias y apertura privada en debate
El viceministro de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, Javier Medina, profundizó en los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno para acelerar la diversificación energética del país y ampliar la participación privada dentro del sistema eléctrico nacional.
Medina explicó que las reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica buscaron fortalecer la planificación energética, modernizar el marco regulatorio y generar mayores condiciones de seguridad jurídica para nuevos proyectos de generación eléctrica.
El funcionario señaló que uno de los principales objetivos del nuevo esquema normativo consistió en facilitar el ingreso de capital privado para enfrentar el crecimiento acelerado de la demanda energética y reducir la presión sobre el Sistema Nacional Interconectado. Según indicó, sus últimas modificaciones permitieron ampliar las posibilidades de autogeneración y autoabastecimiento energético, eliminando restricciones previas que limitaban el uso de tecnologías no convencionales.
En ese contexto, el Viceministro explicó que las empresas privadas podrán combinar distintos tipos de generación, incluyendo energía solar, térmica y proyectos a gas, con el propósito de diversificar la matriz energética y mejorar la capacidad de respuesta del sistema eléctrico nacional frente a nuevos requerimientos industriales y productivos.
De izq. a der.: María Rosa Tapia, Presidenta y Socia de Seminarium Ecuador, el viceministro de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, Javier Medina, Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Leonardo Beltrán, Miembro del Consejo Asesor de IA para la Transición Energética e Industrial del World Economic Forum, Inka Mattila, representante residente de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, Claudia Estrada, Gerenta Segmento Empresarial Produbanco, Daniel Pesantez,
Director Adjunto Cámara Nacional de Acuacultura y María Julia Molina, especialista de Energía en el BID.
Durante su exposición, el viceministro sostuvo que otro de los ejes centrales de la reforma fue precisar las condiciones bajo las cuales podrá aplicarse la excepcionalidad para la participación privada en proyectos eléctricos, luego de que anteriores disposiciones fueran declaradas inconstitucionales por su falta de especificidad.
Según detalló, el nuevo marco legal define causas, procedimientos y documentación técnica para habilitar procesos públicos de selección que permitan incorporar inversión privada dentro del sector energético ecuatoriano. Asimismo, indicó que las reformas buscaron mejorar la “bancabilidad” de los proyectos, reduciendo riesgos regulatorios y financieros para los inversionistas.
Una visión desde el BID
Durante el evento, también participó Ignez Tristao, representante en Ecuador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien expuso los principales desafíos estructurales que enfrenta el sistema eléctrico ecuatoriano y el rol que cumplen los organismos multilaterales en el financiamiento de la transición energética del país.
En su intervención, Tristao sostuvo que Ecuador necesita avanzar con mayor velocidad hacia la diversificación de su matriz energética, considerando que actualmente cerca del 75% de la generación eléctrica nacional depende de fuentes hidroeléctricas. Según explicó, aunque el país logró importantes avances en capacidad hidroeléctrica durante los últimos años, esta alta dependencia incrementó la vulnerabilidad del sistema frente a fenómenos climáticos extremos y periodos prolongados de sequía.
La representante del BID advirtió que los recientes eventos climáticos evidencian la necesidad de construir un sistema eléctrico más resiliente y sostenible, capaz de responder a escenarios de variabilidad climática y garantizar la continuidad del suministro energético.
En ese contexto, señaló que uno de los principales retos del Ecuador consiste en incorporar con mayor fuerza energías renovables no convencionales, especialmente proyectos solares y eólicos, que permitan reducir la presión sobre el sistema hidroeléctrico y ampliar la seguridad energética nacional.
Financiamiento, inversión privada y modernización de infraestructura
Tristao indicó además que otro de los grandes desafíos del sector energético ecuatoriano continúa siendo la brecha de inversión existente en generación, transmisión y distribución eléctrica. Según detalló, las necesidades de financiamiento contempladas en el Plan Maestro de Electricidad superan actualmente los 17.000 millones de dólares.
La representante del organismo multilateral sostuvo que esta limitación financiera afecta no solamente la expansión del sistema eléctrico, sino también su capacidad de modernización tecnológica y preparación frente al crecimiento futuro de la demanda energética.
Tristao explicó que, durante los últimos 15 años, el Grupo BID movilizó más de 3.200 millones de dólares hacia proyectos energéticos en Ecuador mediante financiamiento directo, asistencia técnica y apoyo a reformas regulatorias. Según indicó, estos recursos permitieron fortalecer la seguridad energética, ampliar infraestructura eléctrica y generar mejores condiciones para atraer capital privado.
Entre las nuevas iniciativas impulsadas por el organismo, destacó programas enfocados en movilizar inversiones hacia energías renovables no convencionales mediante mecanismos innovadores como garantías de liquidez, instrumentos que actualmente respaldan cerca de 600 MW de generación renovable y más de 700 millones de dólares en inversiones.
Adicionalmente, señaló que el BID mantiene alrededor de 320 millones de dólares en proyectos de transmisión y distribución actualmente en ejecución, además de otros 300 millones de dólares en preparación para futuras obras de infraestructura eléctrica.
Integración regional y proyectos estratégicos
En ese marco, confirmó que el BID financia actualmente el proyecto de interconexión eléctrica entre Ecuador y Perú, infraestructura que permitirá intercambiar hasta 680 MW entre ambos países y mejorar la capacidad de respuesta frente a contingencias energéticas regionales. Según explicó, el proyecto ya se encuentra en proceso de licitación internacional.
También mencionó otros proyectos apoyados por el brazo privado del BID, BID Invest, entre ellos el parque eólico Villonaco III, de 110 MW en Loja, así como proyectos fotovoltaicos en Galápagos que incorporan almacenamiento mediante baterías.
En línea con tales desafíos estructurales, Diana Mejía, representante en Ecuador de Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), sostuvo que el país ya no solo debe concentrarse en incorporar nuevas fuentes renovables, sino en construir un sistema eléctrico “más resiliente, flexible, digital y financieramente sostenible”.
Durante su intervención, Mejía señaló que Ecuador mantiene una «posición privilegiada» dentro de América Latina gracias a una matriz energética predominantemente hidroeléctrica, donde cerca del 79% de la generación proviene de fuentes hídricas, dijo. Sin embargo, advirtió que esta ventaja también representa una vulnerabilidad estructural debido a la alta dependencia de los recursos hidrológicos y a los efectos derivados de fenómenos climáticos extremos y periodos de sequía.
La representante de CAF explicó que el país deberá avanzar hacia una infraestructura energética capaz de integrar energías renovables variables, almacenamiento, redes inteligentes y sistemas digitalizados que permitan responder de manera más eficiente a la creciente demanda eléctrica nacional.
Diversificación energética, regulación e inversión privada
Dentro de los principales retos identificados por CAF, Mejía destacó la necesidad de acelerar el desarrollo de energías renovables no convencionales mediante señales claras de inversión, marcos regulatorios estables y mecanismos que reduzcan riesgos para los inversionistas privados.
Según indicó, Ecuador posee un amplio potencial en generación solar, eólica y otras tecnologías limpias, aunque todavía enfrenta el desafío de consolidar esquemas de financiamiento, subastas recurrentes y reglas claras que permitan dinamizar el mercado energético.
Asimismo, subrayó que la transición energética regional requiere dejar atrás la visión tradicional que contrapone energías renovables y generación térmica. En ese contexto, afirmó que el gas natural continuará desempeñando un rol estratégico como energía de transición para garantizar estabilidad y seguridad energética en los próximos años.
En materia de financiamiento, Mejía detalló que CAF mantiene operaciones activas de alto impacto en el país. Entre ellas mencionó el programa de expansión del Sistema Nacional de Transmisión, con una inversión cercana a 289 millones de dólares, de los cuales CAF financia aproximadamente $223 millones.
El primer panel del evento se denominó «Potencial de las Energías Renovables en Ecuador; financiamiento , políticas y competitividad’.
En el marco del análisis, Inka Mattila, representante residente de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador, sostuvo que el debate energético ya no puede limitarse únicamente a temas de infraestructura o generación eléctrica, sino que debe entenderse como un componente central del desarrollo humano y de la competitividad de las economías modernas.
Durante su intervención, Mattila advirtió que la transición energética global ocurre en medio de profundas desigualdades de acceso a energía a nivel mundial. Según señaló, cerca de 730 millones de personas aún no cuentan con acceso a electricidad y aproximadamente 2 millones continúan sin soluciones de cocción limpia, situación que, a su criterio, evidencia una brecha mucho más amplia vinculada al desarrollo humano, la educación, la salud, la conectividad y las oportunidades económicas.
La representante de PNUD afirmó además que el crecimiento acelerado de la digitalización y de tecnologías como la inteligencia artificial incrementará de forma significativa la demanda energética global durante los próximos años, lo que obligará a los países a fortalecer su capacidad de planificación, resiliencia e infraestructura.
Mattila destacó que esta edición del Power & Renewable Energies Summit se desarrolló en un «momento estratégico» para Ecuador debido al debate nacional sobre seguridad energética, transición hacia energías renovables y modernización regulatoria. En ese contexto, valoró que la agenda del encuentro haya integrado temas relacionados con financiamiento, competitividad, infraestructura, electromovilidad e inteligencia artificial como parte de una discusión más amplia sobre el futuro energético del país.
Por su parte, Eduardo Rosero, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Energías Renovables y Eficiencia Energética (AEEREE), afirmó que la energía dejó de ser «únicamente un servicio público» para convertirse en una prioridad económica, industrial y geopolítica para el país, apuntó.
Durante su intervención frente a los cientos de asistentes, Rosero sostuvo que la crisis energética registrada en Ecuador durante 2024 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema eléctrico nacional y la necesidad de replantear el modelo energético bajo una visión de largo plazo orientada hacia competitividad, resiliencia y sostenibilidad.
El dirigente de la AEEREE coincidió que Ecuador continúa manteniendo una alta dependencia de la generación hidroeléctrica mientras la demanda energética crece aceleradamente impulsada por sectores como minería, industria, acuacultura, digitalización, centros de datos y movilidad eléctrica. A ello, señaló, se suma el impacto del cambio climático y el incremento de los periodos de estiaje, factores que reducen la confiabilidad operativa del sistema.
No obstante, Rosero aseguró que el país enfrenta simultáneamente una oportunidad estratégica debido a la diversidad de recursos energéticos disponibles. Según indicó, Ecuador posee potencial hidroeléctrico, solar, eólico, geotérmico, biomasa e incluso perspectivas futuras vinculadas al desarrollo de hidrógeno verde.
En ese contexto, sostuvo que el principal desafío ya no radica en la disponibilidad de recursos naturales, sino en la capacidad institucional, regulatoria y financiera del país para convertir ese potencial en desarrollo económico sostenible.
Rosero enfatizó además que la magnitud de inversión requerida para ampliar la infraestructura energética nacional supera las capacidades exclusivas del Estado. Según explicó, la expansión de generación eléctrica, transmisión, almacenamiento energético y modernización de redes requerirá inversiones multimillonarias sostenidas durante las próximas décadas.
Por ello, calificó como relevantes las recientes reformas regulatorias impulsadas en Ecuador relacionadas con generación distribuida, almacenamiento energético, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos, al considerar que representan una evolución necesaria para el modelo energético ecuatoriano.
Sin embargo, advirtió que la inversión privada no llegará únicamente por necesidad tecnológica o demanda energética. A su criterio, los inversionistas internacionales priorizan estabilidad jurídica, reglas claras, proyectos bancables y señales consistentes de política pública.
“El desafío energético requiere confianza institucional”, sostuvo Rosero al insistir en que la transición energética depende directamente de la capacidad del país para ofrecer seguridad regulatoria y visión estratégica de largo plazo.
Durante su exposición, el presidente de AEEREE también señaló que las energías renovables dejaron de ser únicamente una alternativa ambiental para convertirse en tecnologías competitivas desde el punto de vista económico. Destacó que la reducción de costos en energía solar, eólica y sistemas de almacenamiento está transformando aceleradamente los modelos eléctricos tradicionales en distintos países.
Asimismo, afirmó que la seguridad energética moderna ya no depende exclusivamente de grandes sistemas centralizados, sino también de redes descentralizadas, inteligentes y flexibles capaces de responder rápidamente frente a contingencias operativas o climáticas.
Rosero añadió que la eficiencia energética constituye una de las herramientas más rápidas y rentables para fortalecer la competitividad nacional. Según indicó, optimizar el consumo energético en industrias, edificios y procesos productivos permitiría reducir emisiones, disminuir presión sobre el sistema eléctrico y mejorar la productividad empresarial.
MarketingActivo participó como media partner del IV Power & Renewable Energies Summit 2026.
